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trabajemos por una mejor matríz energética en chile

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Los fallos de los tribunales sí se comentan

Los fallos de los tribunales sí se comentan


Antonio Bascuñán Rodríguez 
Abogado 
Profesor de Derecho 
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile

El debate que ha generado la crítica de la ministra del Medio Ambiente a una sentencia de la Corte Suprema es un buen ejemplo de la confusión que domina nuestra práctica política.

No se puede pretender que las decisiones de los tribunales sean inmunes a la crítica; todo lo contrario: porque son actos estatales están por definición sometidos al escrutinio público. La crítica de las decisiones judiciales es una práctica constitutiva de una República, como lo hizo ver Andrés Bello en el siglo XIX, cuando abogó con pasión y éxito por la publicidad de los juicios y la necesidad de fundar las sentencias.

Se dirá que eso rige para los ciudadanos. Que quienes ejercemos el derecho a la libertad de expresión estamos obviamente legitimados para criticar los actos del Estado como parte esencial de nuestro discurso político; pero que tratándose de los poderes públicos, se dice, ese principio no rige.

Hay un punto válido en esa consideración. El funcionario de la administración del Estado que formula públicamente una crítica a una sentencia no puede refugiarse en la libertad de los ciudadanos. Esa banalización de su acto es inaceptable. La pregunta institucional es si la crítica pública de las decisiones judiciales forma o no parte del ejercicio de la responsabilidad de su cargo.

Se entiende que un dictador no pueda permitirse críticas públicas a las sentencias de los tribunales, si es que desea evitar un enfrentamiento institucional. Sería incomprensible que el dictador formulara esa crítica y al mismo tiempo respetara la sentencia y al tribunal. Por eso, si no quiere desacreditar las bases de su poder dictatorial o entrar en conflicto con el tribunal, tiene que callarse.

Se entiende también que un gobierno que se sabe fácticamente precario, y que por eso desvía la solución de conflictos políticos a los tribunales bajo la forma de casos judiciales, se abstenga de comentar las sentencias que resuelven esos casos. Comentarlas implicaría asumir una posición en esos conflictos y eso es precisamente lo que desea eludir, dada su precariedad.

Se entiende, por lo tanto, que Pinochet sobre prácticamente cualquier asunto y los gobiernos de la concertación sobre violaciones de derechos humanos, al menos en los comienzos de la década de los noventa, esgrimieran como aparente principio de probidad política que los fallos de los tribunales no se comentan. Claro, no se comentaban en público; porque el poder dictatorial y el poder democrático precario realizan esa crítica del único modo para ellos posible: opacamente.

Pero en una democracia sólida ese aparente principio de probidad política deviene en lo que realmente es: una idea tonta o perversa. Es tonto pretender que la sentencia judicial que frustra una política de gobierno no constituye una cuestión políticamente relevante. Y es perverso someter el tratamiento de esa cuestión a la opacidad. Lo correcto es asumir públicamente la responsabilidad institucional por la posición discrepante de la sentencia.

El problema de las recientes intervenciones de autoridades del Gobierno no está por lo tanto en el fondo de sus planteamientos, sino en la forma en que lo hacen valer, por completo carente de densidad institucional. No puede criticar cualquier autoridad, sino sólo la responsable de la ejecución de la política que se ve afectada. No se puede criticar en apariciones improvisadas o entrevistas dominicales, sino en una conferencia de prensa convocada para ese preciso efecto. No se puede criticar con base en opiniones personales, con liviandad o mordacidad, sino con fundamentos, en lo posible avalados por el juicio de expertos. Finalmente, no se puede criticar sin expresar cuáles serán las consecuencias institucionales de la crítica.

Esas consecuencias obviamente no pueden alterar la obligación de acatar la sentencia. Pero sí debe quedar claro cómo es que se actuará en lo futuro para obtener de tribunales independientes un cambio en la interpretación y aplicación de la ley. El día en que el respectivo ministro, subsecretario o superintendente, o el fiscal nacional o regional asuman esta responsabilidad será el día en que hayamos dejado atrás nuestras prácticas expresivas de debilidad institucional y abrazado el auténtico principio de probidad política en esta materia: los fallos de los tribunales sí se comentan.

Fuente:emol

Saludos
Rodrigo González Fernández
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El precedente que sentó el fallo contra la termoeléctrica Castilla

PROYECTOS DE ENERGÍA Y MINERÍA, LOS MÁS AFECTADOS

El precedente que sentó el fallo contra la termoeléctrica Castilla

Desarrollos complejos que involucran más de una actividad deberían presentar un solo EIA.

 
El fallo de la Corte Suprema en contra de la central termoeléctrica Castilla abrió un nuevo flanco para las compañías de energía y minería del país. 

La decisión del máximo tribunal estableció un precedente para los futuros proyectos de estos sectores, toda vez que en su decisión sostiene que tanto el puerto como la central debían presentar sólo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). "Se dispone como medida de tutela constitucional que los titulares de los proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla deben presentar un estudio de impacto ambiental que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo diésel B, en su caso, desde el primero hacia la segunda", señalo el fallo en el que cambia el criterio que se mantenía hasta ahora de presentar EIA separados para desarrollos de alta complejidad. 

Esto podría convertirse en un precedente para todos los proyectos complejos, que involucran más de una actividad, como los desarrollos mineros que involucran la construcción de puertos o los proyectos de energía que podrían verse obligados incluso a presentar en un mismo proyecto sus líneas de transmisión asociadas. 

Además, tanto en la industria de energía y minería ha quedado de manifiesto la preocupación respecto de la judicialización de los proyectos, lo que demoraría más su ejecución de ser aprobados y lo que se transforma en una piedra de tope para los 8.000 MW de capacidad instalada que necesita el país, de acuerdo a cifras del sector. Dentro de los proyectos de energía que han pasado por la justicia hasta ahora, además de Castilla, se encuentran HidroAysén, cuya aprobación ambiental fue ratificada por la Corte Suprema, pero espera el cambio de condiciones que aseguren su viabilidad; Cuervo, donde la Corte Suprema acogió recurso de protección en contra del SEA. En el caso de Bocamina 2, la Corte Suprema obligó a Endesa a realizar estudio de impacto ambiental.

En total, son 15 los proyectos que se encuentran paralizados o rechazados en distintas instancias (no necesariamente en la Corte Suprema). En conjunto representan 740 MW de capacidad instalada y una inversión de 
US$ 20.068 millones 

(ver tabla).
Fuente:

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La UE aprueba el ahorro energético obligatorio en edificios públicos

La UE aprueba el ahorro energético obligatorio en edificios públicos

12/9/2012

Internacional

Los Gobiernos deberán fijarse un objetivo
de eficiencia energética./@stock.xchng

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

Los países de la UE estarán obligados a renovar el 3% de los edificios públicos al año a partir de 2014 para ahorrar energía, según la nueva norma sobre eficiencia energética aprobada de forma definitiva este martes por la Eurocámara por 632 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones.

Esta obligación sólo se aplicará a los edificios de la administración central, y no a los regionales o locales, con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados y, a partir de julio de 2015, a los de más de 250 metros cuadrados.

La norma exige además que las compañías de gas y electricidad ahorren al año el 1,5% de sus ventas de energía en volumen. Para ello, deberán financiar a los consumidores medidas de eficiencia energética como la instalación de ventanas con doble acristalamiento o de tejados aislantes.

No obstante, la directiva deja libertad a los Estados miembros para proponer mecanismos de ahorro alternativos.

Además, los Gobiernos deberán fijarse un objetivo de eficiencia energética y presentar un plan de acción cada tres años, en 2014, 2017 y 2020. Bruselas evaluará en junio de 2014 los progresos alcanzados.

El objetivo de esta norma es garantizar que la UE logre el objetivo que se ha marcado deaumentar la eficiencia energética un 20% de aquí a 2020. No obstante, la propia Comisión ha reconocido que si sólo se aplican los requisitos mínimos previstos en la directiva, el ahorro será únicamente del 17%.

Fuente: Redacción ambientum.com / EP

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Japón Apuesta Fuertemente por la Energía Eólica Marina

Japón Apuesta Fuertemente por la Energía Eólica Marina

Un medio de comunicación de Japón, dio a conocer algunos detalles del próximo gran proyecto que se llevara acabo en el país de energía eólicamarina, 6 grandes empresas nacionales junto con la Asociación Japonesa de Meteorología trabajaran en conjunto e invertirán 120.000 millones de yenes es decir 1.217 millones de euros en los próximos 10 años.

La Asociación Japonesa de Meteorología, será la encargada de realizar los estudios de viento, Toshiba fabricara las turbinas, Hitachi Zosen los pilares de los molinos y Suimoto Electric el cableado submarino necesario para transportar la energía.

Planeas finalizar ocn la primera etapa del proyecto para el año 2015 que tendrá una capacidad de 7 mil kilovatios, toda la energía que se genere se venderá a las redes eléctricas del país, que quedaron muy afectadas después de la crisis nuclear que se vivió en Fukushima .

El gobierno del país, apoya este proyecto realizado por empresas privadas, con este y toros proyectos prevén alcanzar los 8,03 millones de kilovatios en 2030.


Fuente:

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España El IDAE prueba el primer coche eléctrico español

El IDAE prueba el primer coche eléctrico español

12/9/2012

España

El vehículo eléctrico es una oportunidad para 
mejorar la eficiencia energética./@stock.xchng

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

SEAT ha cedido, con carácter temporal, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un vehículo cien por cien eléctrico y fabricado en España.

El vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen en España, Ramón Paredes,ha hecho entrega del coche, a Fidel Pérez Montes, Director General del organismo público.

En concreto, se trata de un SEAT Altea XL Electric Ecomotive, un vehículo de propulsión totalmente eléctrica y cero emisiones de CO2.

Con el SEAT e-Altea, el IDAE realizará una serie de pruebas piloto en el ámbito urbano e interurbano español durante tres meses con el objetivo de probar la tecnología eléctrica. En este periodo, el Instituto acumulará experiencia en la conducción de un vehículo eléctrico, además de analizar las exigencias de infraestructura de recarga y ahorro energético obtenido, entre otros, necesarios para la introducción progresiva de esta tecnología en el mercado.

Los vehículos más eficientes y con menores emisiones de CO2, entre los que figuran los desarrollos eléctricos, están llamados a desempeñar un papel fundamental en el logro de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de ahorro energético y de respeto al medio ambiente, así como en la mejora de la calidad del aire y sostenibilidad del transporte en las ciudades españolas.

Con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible en España, IDAE y SEAT se emplazan a estudiar posibles futuras colaboraciones orientadas a promover la tecnología híbrida enchufable y eléctrica. SEAT desarrolla dos tecnologías diferentes, con el León TwinDrive y el e-Altea, que situarán a la compañía en una posición óptima para responder a la demanda del mercado.

Según el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Fidel Pérez Montes, "El vehículo eléctrico representa una oportunidad para la mejora de la eficiencia energética, impacto medioambiental en las ciudades y para el tejido industrial de nuestro país". El IDAE – ha señalado- se encuentra plenamente involucrado en este compromiso, participando directamente en distintas iniciativas del Plan Movele y liderando otras iniciativas y líneas de apoyo a la implementación de estos vehículos en el marco de la E4." En este sentido -ha añadido Fidel Pérez Montes- la Administración Pública ha de desarrollar un papel ejemplarizante, demostrando que estos vehículos cubren perfectamente las necesidades de uso y movilidad".

Por su parte, Ramón Paredes ha manifestado que "Para SEAT es un objetivo prioritario impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país acompañando a socios estratégicos como el IDAE" y ha subrayado: "SEAT con su Centro Técnico de I+D tiene la capacidad para diseñar, desarrollar y fabricar un vehículo eléctrico en España".

Fuente: Redacción ambientum.com

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EN CASO GENERADORA CASTILLA: Suprema considera como “intromisión indebida e inaceptable” declaraciones de Benítez

PLENO DEL MÁXIMO TRIBUNAL SE REUNIÓ AYER PARA ANALIZAR LOS DICHOS DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE




Suprema considera como "intromisión indebida e inaceptable" declaraciones de Benítez


Señaló que sus dichos "han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales".

 

Cerca de una hora duró la cita del pleno de la Corte Suprema que se reunió ayer para analizar los dichos de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, comentando el fallo de la Tercera Sala en que rechazó el proyecto termoeléctrico Castilla. "El pleno de la Corte Suprema manifiesta su total y absoluto rechazo a las declaraciones de la señora ministra de Medioambiente que han sobrepasado la sola crítica y constituyen la afectación de la independencia y la autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones", indica el comunicado enviado horas después del término de la cita y que fue leído por el ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte.

Sin la firma de Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Rosa Egnem, Guillermo Silva y Juan Escobar -pues se inhabilitaron por haber sido quienes frenaron el proyecto-, los ministros del Máximo Tribunal señalaron que de "las declaraciones de la señora Ministra del Medio Ambiente puede concluirse que éstas no han importado crítica, sino que constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia".

En un comunicado de tres páginas, el pleno señaló que las afirmaciones de Benítez "van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental". 

Por ello, los jueces explicaron en el documento que el poder judicial ha sido concebido "precisamente, entre otros fines, para revisar y cautelar que la actividad de los órganos que forman parte de la Administración del Estado no contravenga la legislación vigente, cuando se le plantea que ésta ha privado, perturbado o simplemente amenazado el legítimo ejercicio de derechos fundamentales". 

Además, indicaron que por tal razón, los fallos de los tribunales no se refieren sólo a "cuestiones meramente técnicas", como algunos han puesto en duda sobre la facultad que tengan los tribunales de ver este tipo de temas, "sino de conflictos en que las personas reclaman protección, que los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la República jamás les negarán, en el ejercicio inclaudicable de su tarea de administrar justicia".

En todo caso, el documento señala que de los once ministros que firmaron el documento, dos de ellos, la ministra Gabriela Pérez y el ministro suplente Alfredo Pfeiffer, no comparten algunos puntos del acuerdo, pues estiman que "las expresiones vertidas por la señora Ministra del Medioambiente sólo constituyen una crítica inadecuada al fallo en referencia".



Reacciones de la ministra


Tras participar de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra Benítez dijo que "ya emití mi opinión ayer, así que no tengo más comentarios al respecto". Acerca de lo que manifestó la Corte Suprema, señaló que "ellos (los ministros del máximo tribunal) pueden emitir sus propias opiniones".



Las declaraciones 


En el mismo escrito, los ministros citaron algunas de las declaraciones que gatillaron su reunión. Entre ellas, "al decir el fallo que no se evaluó una parte y que todo debe evaluarse en conjunto, está refiriéndose a un tema que es de competencia de la administración (…) Sustituir al organismo técnico es lo que no corresponde y acá la institucionalidad queda en entredicho". "A mi juicio la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no'", citó el comunicado enviado por el pleno.

 
Fuente:df

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