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trabajemos por una mejor matríz energética en chile

viernes, 4 de mayo de 2012

Obstaculización de proyectos energéticos

Obstaculización de proyectos energéticos


La ciudadanía necesita cobrar conciencia urgente y plena de que nuestro país enfrenta una difícil coyuntura energética. Por una parte, los precios de la energía eléctrica están entre los más altos de la región y, por otra, la posibilidad de mitigar esos precios incrementando la oferta de generación de electricidad está siendo amenazada por una creciente judicialización de los procesos que conducen a aprobar proyectos con ese objeto.

Los ejemplos abundan y se multiplican: está el proyecto Castilla de la brasileña MPX, un conjunto de seis centrales térmicas en la III Región, que suman 2.354 MW y una inversión estimada en más de 4.400 millones de dólares, cuya resolución de calificación ambiental fue aprobada por la autoridad ambiental, pero luego revertida por la Corte de Apelaciones, acogiendo un reclamo de sus detractores que desvirtuaba la decisión del funcionario ambiental competente, que cambió la calificación de dicho proyecto de "contaminante" a "molesto", en uso de sus atribuciones. También está la autorización ambiental del Parque Eólico de Chiloé, paralizado por la Corte Suprema, fundándose en que ese proyecto no ha dado cumplimiento al Convenio N° 169 de la OIT, por el que Chile se comprometió a que todos los proyectos que utilicen terrenos relacionados con pueblos originarios deben contemplar una etapa de consultas a éstos antes de poder ser aprobados. Y está el proyecto minero El Morro, también en la III Región, que contempla una inversión de más de 5.000 millones de dólares, al cual la Corte Suprema le ha ordenado que cumpla con dicho Convenio N° 169, lo que podría atrasarlo en unos 18 meses, si se lograre acordar una forma aceptable de proceder con quienes representan a esos pueblos originarios. A su vez, el proyecto HidroAysén, a pesar de haber logrado la aprobación ambiental para sus centrales, enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico necesario para llevar la energía generada por ellas hasta los centros de consumo.

Es obvio que la judicialización de estos proyectos se ajusta a la institucionalidad que el país se ha dado, pero sería imprudente ignorar que ésta, en su modalidad actual, se ha traducido en una creciente fragilidad de la certeza jurídica que pueden brindar los certificados de aprobación ambiental que emiten las autoridades del sector, pues ellos pueden ser revertidos fácilmente por los tribunales, y se constata a cada momento que resulta bastante sencillo invocar causales que paralicen proyectos o que finalmente lleven a abandonarlos, como ya algunos han anunciado que podrían hacerlo.

Chile necesita preguntarse en qué grado preciso esta dificultad para desarrollar proyectos mineros o energéticos está poniendo en riesgo el desarrollo del país, que todos dicen desear y que supone un nivel de progreso social que en todas sus manifestaciones también todos exigen crecientemente -los "indignados" son una muestra de eso-. La respuesta a esa pregunta concierne a todos, pero primariamente a las autoridades políticas, técnicas y judiciales. Si se ahogan las fuentes que permiten dar mejores condiciones de vida a la población -como parece ser el caso-, ¿cuáles son entonces las modificaciones razonables a la institucionalidad que es necesario introducir para no frustrar las expectativas de esos mismos ciudadanos? ¿Es necesario otorgar un poder de veto a los pueblos originarios mediante un instrumento como el Convenio N° 169? ¿Es correcto que los jueces ponderen la bondad técnica -no jurídica- de las decisiones de las autoridades competentes, si éstas han sido tomadas haciendo uso de las facultades que les otorga la ley?

Nuestro país se encuentra ante una encrucijada en la que necesita resolver, con mirada hacia el futuro, sobre la mejor manera institucional de procesar las causas que afectan a todo el país, frente a aquellas que sólo afectan a ciertos grupos de personas: los casos antes citados, que no son únicos, muestran que en la actualidad hay un claro desbalance en favor de las segundas.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Energías Renovables en Latino América

Apostando por las Energías Renovables en Latino América (Parte I)

by energia12

Ingenieros y Energia

Ingenieros y Energia

Varios son los países Latino Americanos con interesantes perspectivas de crecimiento que están apostando por el uso de las energías renovables y muchas son las empresas españolas y europeas las que están aportando los últimos conocimientos y la tecnología más novedosa a la realización de los mismos. 

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay, ha adjudicado recientemente la construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico de 40 MW, formado por 14 aerogeneradores con capacidad de 3 MW cada uno a la empresa Vengano S.A. (Consorcio formado por Grupo Sanjosé 40%, Corporación América 40% y Contreras Hermanos 20%) en el Departamento uruguayo de Maldonado. 

Otro proyecto de parque eólico de 50 MW (25 aerogeneradores de 2 MW) ubicado también el Departamento de Maldonado fue adjudicado en pasado año 2011 a Fingano S.A. (Grupo Sanjosé 40%, Corporación América 40% y Contreras Hermanos 20%). Y recientemente se ha conocido que será Gamesa, tras la firma de su primer acuerdo de suministro quien aportará las 25 turbinas, modelo G90-2,0 MW para un parque eólico de 50 MW de potencia y que Abengoa, a través de las sociedades Teyma e Inabensa, promueve en Peralta, en el Departamento de Tacuarembó. Por ello, Gamesa fabricará durante este 2012  las 25 turbinas en sus centros productivos ubicados en Estados Unidos y las suministrará para su posterior montaje y puesta en marcha durante el año próximo. 

Nicaragua, intentará reforzar su liderazgo en el uso de energía renovable en la región centroamericana, con un proyecto eólico denominado Eolo, cuya instalación se desarrollará en la provincia de Rivas, a la orilla del lago Nicaragua, a unos 125 kilómetros al sur de la capital Managua. El proyecto Eolo contará con la instalación de 22 aerogeneradores de 2 MW cada uno, con un total de potencia de 44 MW, ha sido recientemente adjudicado a la empresa Globeleq Generation, a través de su subsidiaria de participación mayoritaria, Globeleq Mesoamerica Energy (GME Wind). Que deberá contar con la construcción de una nueva subestación y líneas de transmisión para habilitar la conexión a la red nacional.

La electricidad producida en estas instalaciones será vendida a empresa privadas del país a través de las empresas Distribuidora Electricidad de Sur (DISSUR) y Distribuidora Electricidad de Norte S.A. (DISNORTE), ambas subsidiarias de Gas Natural de España.

También, el pasado mes de febrero la empresa Normawind recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana, para elaborar estudios técnicos de recurso eólico en el país. Normawind trabaja desde hace tiempo para clientes en distintos países del mundo y la República Dominicana es uno de los mercados en los que la compañía está centrando sus esfuerzos para colaborar con empresas locales, tanto privadas como públicas, y así contribuir al desarrollo de las energías renovables en el país.

Mientras en Brasil, Elecnor, a través de su filial eólica Enerfin, ha obtenido la adjudicación de 94 nuevos MW de energía eólica, lo que supone la construcción y explotación de cuatro parques eólicos localizados en el Estado de Rio Grande do Sul, cuya construcción está prevista durante los años 2013 y 2014. Por lo que Brasil que ya tenía 180 MW en explotación y 148 MW en construcción, alcanzará una potencia total de 422 MW, lo que le consolida entre los líderes del sector en Brasil y además cuenta con su filial Atersa, líder en fabricación de módulos y paneles solares. 

Por otra parte, Acciona Windpower ha firmado con la compañía CPLF Renováveis, filial del grupo brasileño CPFL, un contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de 120 MW destinados al parque eólico de Atlántica, situado en el estado de Rio Grande do Sul, el más meridional de Brasil., siendo este el primer contrato que la compañía española obtiene en el país latinoamericano. Este parque ubicado en término de Palmares do Sul, constará de 40 aerogeneradores modelo AW116/3000, siendo esta la turbina más avanzada de Acciona Windpower, con una potencia unitaria de 3 MW y 116 metros de rotor, montada sobre torre de hormigón de 120 metros de altura. 

Y por otro lado, el pasado Miércoles salió publicado que en Cuba estudia la instalación de ocho nuevos parques de energía eólica con una potencia total de 280 megavatios de cara al año 2020, seis tendrían una potencia de 30 megavatios (MW) y dos de 50 MW.

 Articulo proporcionado por: Ingenieros y Energía.

energia12 | 04/05/2012 at 11:49 am | Etiquetas: Latinoamérica | Categorías: EnergíasNoticias,Proyectos | URL: http://wp.me/p2888H-g9


Saludos
Rodrigo González Fernández
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