| Los ensayos y errores de la nueva estrategia energética de Chile Cuando en 1995 Chile decidió importar gas natural desde Argentina y firmó el protocolo de integración gasífera con el vecino país, jamás sospechó el nefasto desenlace que tendría esta iniciativa en su matriz energética.
Hasta esa fecha, "Chile se abastecía en un 65% de hidroelectricidad", precisa Alfonso Guijón, jefe de Proyectos de Poch Ambiental -consultora chilena de ingeniería y proyectos ambientales-, pero con la promesa de que el hidrocarburo sería más barato y menos contaminante, la industria local se lanzó a la construcción de gasoductos y plantas termoeléctricas a gas natural. Adicionalmente, el país adaptó sus complejos eléctricos para operar a base del hidrocarburo, lo cual supuso inversiones millonarias.
De forma paralela, el Gobierno aprobó leyes para promover el consumo de gas natural y desalentar las centrales hidroeléctricas, transformando al nuevo suministro energético en una política de Estado. Se firmaron contratos a 20 años y más para generar el 40% de la energía eléctrica a partir de gas natural, y así cubrir los requerimientos de un sinnúmero de clientes residenciales, establecimientos comerciales, industrias y empresas.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile, ya en 2003 más del 50% de la energía eléctrica que se consumía en el país, se generaba a través de centrales eléctricas alimentadas por gas natural. Sin embargo, esta situación no hizo más que aumentar la dependencia energética de Chile con Argentina, consolidando a la nación trasandina como su única y principal proveedora.
Hugh Rudnick, profesor del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de Chile, señala que dicha dependencia externa se debe principalmente "a la ausencia casi absoluta de combustibles fósiles en Chile, lo único propio e importante que tenemos es el recurso hidroeléctrico, el cual aún falta por desarrollar", señala en referencia a importantes iniciativas que hoy en día están a la espera de la aprobación ambiental.
No obstante, a partir de 2004, el escenario energético de Chile dio un dramático vuelco. Ese año la Secretaría de Energía de Argentina promulgó la Resolución N° 659/2004, que facultaba a la autoridad a privilegiar el abastecimiento de gas natural para el consumo interno frente a las exportaciones. Ante el incremento de la demanda energética en Argentina, el país inició una serie de restricciones que afectarían los envíos a Chile. Los recortes de gas natural alcanzaron su pick en mayo de 2007, afectando el 64% del total de los envíos, según datos de la CNE.
Posteriormente, el Gobierno argentino elevó los impuestos a las exportaciones del hidrocarburo, todo un cóctel de medidas que pusieron en jaque a la matriz energética del país. Como resultados de eso, las centrales eléctricas adaptaron rápidamente su estructura para operar esta vez a base de diesel importado, el cual resultó mucho más caro que el gas natural. Ello implicó que a comienzos de 2008 las tarifas eléctricas se dispararon hasta en un 40%, respecto del 2006.
A raíz de los racionamientos de gas natural, la industria de transformación de metales se vio muy afectada, además de todas las empresas que requieren de refrigeración de alimentos y aquellas compañías que incluyen procesos térmicos en su cadena productiva.
La nueva encrucijada que plantea el carbón
Sin duda, la crisis del gas con Argentina dejó una gran lección al Gobierno chileno y a las compañías eléctricas, quienes entendieron la importancia de diversificar las fuentes de energía. "Depender del exterior para el abastecimiento energético es razonable", asevera Sebastián Bernstein, socio director de Synex -empresa chilena de consultoría energética-, "la mayor parte de los países del mundo lo hacen, siempre y cuando las fuentes sean diversificadas".
Así, la autoridad emprendió una serie de iniciativas, que incluyeron la licitación para construir plantas a base de Gas Natural Licuado (GNL). De hecho, en junio de 2009 comenzó a operar el primer complejo de GNL en Chile -emplazado en Quintero, Región de Valparaíso- tras recibir el primer barco cargado con GNL, procedente de Trinidad y Tobago. Desde junio pasado, el país también ha importado GNL desde Guinea Ecuatorial y Egipto. Mientras que una segunda planta de GNL -ubicada en Mejillones, norte de Chile- comenzará a funcionar en los primeros meses de este año. El Gobierno además promulgó la denominada Ley Corta II, normativa que impulsa el desarrollo de centrales a carbón y complejos hidroeléctricos, muchos de los cuales iniciarán sus operaciones entre 2010 y 2012.
Entre los combustibles que actualmente Chile importa -GNL, carbón y petróleo- el carbón es el más barato y, si en 2008 costaba US$150 la tonelada, en 2009 su precio cayó a US$60 la tonelada. La proyección para este año es que el mineral bordeará los US$70 la tonelada, de acuerdo a las previsiones hechas por el banco suizo de inversión, UBS.
Y si bien la generación a carbón de la red eléctrica de Chile corresponde actualmente a 2.050 MW, lo que equivale al 15% de la capacidad instalada total, este tipo de generación está lista para aumentar a 7.200 MW si se suman los proyectos a carbón que actualmente están en construcción, aquellos que ya han sido aprobados por la autoridad ambiental y los que están en etapa de estudio de impacto ambiental.
Pero el cambio de la política energética podría tener consecuencias nefastas desde el punto de vista medioambiental. Un estudio realizado por la CNE en 2008, denominado "Política Energética, Nuevos Lineamientos: Transformando la Crisis Energética en una Oportunidad", advierte que "el aumento de las centrales a carbón en Chile puede implicar el incremento de las emisiones anuales de Dióxido de Carbono (CO2), desde las actuales 70 millones de toneladas a cerca de 300 millones de toneladas en 2030, superando las emisiones de muchos países de Europa y de otros países desarrollados".
Guijón se apronta a aclarar que, en el actual contexto mundial de emisiones de CO2, "Chile representa una mínima proporción y no llega ni siquiera al 0,5 % del total de las emisiones mundiales. Asimismo, nuestro país está en el promedio mundial de las emisiones per cápita de CO2 -aproximadamente 3,9 toneladas por habitante-, muy distante de países como España (7,6), Estados Unidos (20,6) o Australia (25,6)".
De cumplirse esta tendencia, Claudio Tenreiro, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, prevé que Chile tendrá "cada vez más penalizaciones por producción con metodologías no limpias, debido a una serie de tratados vinculantes, como el Protocolo de Kioto (1996)". Este tratado apunta a reducir entre 2008 y 2012, los gases causantes del calentamiento global en un 5,2%, respecto de los niveles de 1990, siendo ratificado por más de 141 naciones incluido Chile. "Estas penalizaciones, que pueden ser aplicadas a nivel de país o de empresa, recaerán sobre todos los productos chilenos de exportación, a través de multas e impuestos adicionales. Incluso, podrían limitarse las cuotas de los productos que Chile envía al exterior, como otra forma de penalización", detalla el profesor.
Lo anterior tendría una consecuencia crítica en la actividad exportadora del país, considerando que ésta representa el 38% del PIB, y que son 5.841 las compañías que actualmente comercializan sus productos y servicios en el mercado internacional, según datos del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
De igual forma, Tenreiro además visualiza efectos en el ámbito político, ya que si Chile aumenta sus emisiones de CO2, el país se expone a que se use "un discurso en su contra, que podría repercutir en su comercio internacional, restando solidez al mercado chileno en su postura (abierta) frente a la globalización".
En síntesis, y a juicio de Rudnick, la diversificación de la matriz energética local proclamada por la autoridad y el fin de la dependencia, no se estaría cumpliendo. "Al contrario, al no desarrollar adecuadamente la hidroelectricidad nos estamos haciendo más dependientes ahora del carbón, con su lamentable impacto ambiental".
En un tono aún más crítico, Tenreiro recalca que "se está haciendo (a nivel gubernamental) un discurso sobre una matriz diversificada, pero éste se queda sólo a nivel de discurso y estudios no resolutivos. Tampoco se están generando acciones vinculantes que obliguen al desarrollo de fuentes alternativas, sólo se están promoviendo. Al final se usará el combustible más barato como política general y no aquél que se ajuste a una planificación energética de largo plazo controlada por el Estado, que garantice estabilidad, buen precio, seguridad en el abastecimiento y resguardo del medio ambiente".
El elevado coste de las ERNC (Energías Renovables No Convencionales)
Sin duda, las ERNC son menos contaminantes comparadas con el carbón, y es por ello que el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. En 2007 la autoridad promulgó la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables, la que asegura que una parte de los nuevos proyectos eléctricos en Chile, desde esa fecha y hasta el 2020, estén basados en fuentes renovables.
Mientras, Bernstein asegura que la posibilidad de que Chile aumente sus emisiones de CO2 a 300 millones de toneladas en 2030, es "perfectamente modificable", dado que no existe un plan de obras energéticas para esa fecha. "Todo puede cambiar con más generación hidroeléctrica, GNL y ERNC".
No obstante, Rudnick opina que el desarrollo de las energías renovables no convencionales no ayudará a disminuir la dependencia que en estos momentos Chile mantiene con el carbón, "porque los costes de las ERNC son aún muy altos como para constituirse en alternativas energéticas atractivas. Pretender subsidiar estas energías tendría un elevado coste para Chile, que ya cuenta con una energía mucho más cara frente a la de sus países vecinos".
En este sentido, Bernstein precisa que de todas las alternativas de ERNC, la energía eólica es la más masificable, porque se puede desarrollar a escala industrial en diferentes sitios con buenas condiciones eólicas y sus inversiones son muy predecibles. "Pero es un 40% más cara que la energía tradicional. La energía solar también sigue siendo muy cara, aunque sus costes podrían bajar en unos 10 o 20 años más. La geotermia es otro potencial recurso, pero muy riesgoso en la etapa de exploración, y de lento y complejo desarrollo".
Además, en términos prácticos, el impacto de estos proyectos alternativos en la matriz energética de Chile, es muy reducido, sentencia Terneiro.
¿Cuáles son, entonces, las mejores alternativas que Chile tiene para dejar de contaminar en el corto y largo plazo?, "potenciar la generación hidroeléctrica que aún no se utiliza, incluidos los importantes recursos de la Región de Aysén -sur del país-", responde Rudnick.
En esta región hay dos iniciativas emblemáticas que actualmente esperan el visto bueno de la autoridad ambiental: HidroAysén, impulsada por la empresas eléctricas Endesa Chile -filial local de la española Endesa- y Colbún -de capitales chilenos-, el cual aportará 2.750 MW de potencia, y Río Cuervo, emprendimiento de la minera suiza Xstrata, que contribuirá con 640 MW.
Y una vez que se haya agotado la mayor parte del potencial hidroeléctrico, el país debería desarrollar la energía nuclear a partir del 2020, en opinión de Bernstein. "La energía nuclear es, sin duda, la alternativa industrial más económica y limpia, en términos de emisiones de CO2. Su coste de desarrollo es sólo un 10% superior comparado con el de las centrales a carbón".
Energía nuclear: ¿El futuro de Chile?
Rudnick también es partidario de que en el largo plazo Chile se enfoque en la construcción de plantas nucleares, dado que se trata de un recurso abundante y estable. "En términos de costes es más barato el carbón, pero la pregunta central aquí es ¿por cuánto tiempo más podremos seguir construyendo el país sobre la base del carbón?".
Aunque Rudnick reconoce importantes vallas para el desarrollo de este tipo de energía en el país, obstáculos más bien asociados al inconsciente colectivo, que aún recuerda el accidente en la central nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos (1978), y el de la planta nuclear de Chernobyl (1986) -norte de Ucrania-. "Estos desastres paralizaron el desarrollo de proyectos nucleares en todo el mundo. Sin embargo, los sistemas de seguridad se han perfeccionado y muchos países están reconsiderando la energía nuclear", señala.
Otra gran barrera es que difícilmente el sector privado invertirá en proyectos de energía nuclear, sin contar con el apoyo del Estado y un marco jurídico que lo respalde, comenta Tenreiro. Al respecto, la actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet -quien dejará su cargo el próximo 11 de marzo-, ha descartado reiteradamente el desarrollo de la energía nuclear, alentando en cambio los proyectos basados en ERNC. Pero la próxima administración, que saldrá de las elecciones presidenciales de esta semana, podría tomar una decisión al respecto. El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, y el concertacionista, Eduardo Frei, son partidarios del desarrollo de la energía nuclear y de la generación hidroeléctrica. |
El gran problema es que desde el momento mismo en que se aborda la cuestión desde el punto de vista político-ideológico se pierde toda esperanza de entablar una discusión razonable; lo único que buscan las partes es ganar territorio, como en un frente de batalla. La lógica y la evidencia pierden importancia: se usan cuando conviene y se descartan cuando no; así que lo que debería ser una discusión de crucial importancia se convierte en un pugilato peligroso y sin sentido.
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